Blogs La Razón | Por Carmen Serrano |
El 27 de octubre, coincidiendo con el primer aniversario de la fallida Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña, la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) acordaba, en un hecho sin precedentes, expulsar de la familia de liberales europeos al partido PDeCAT.
El acuerdo, adoptado por mayoría de 2/3 de los votos emitidos en Consejo Extraordinario celebrado en Bruselas, no pillaba a nadie desprevenido, ratificando el acuerdo previamente adoptado por unanimidad por la Ejecutiva del Partido Liberal, allá por el mes de septiembre, de pedir la expulsión del PDeCAT por su deriva ideológica y por los casos de corrupción en los que se ha visto implicada su marca de origen, Convergència Democrática de Catalunya (CDC). Aunque la expulsión del Partido no implica su salida del grupo de liberales europeos en el Parlamento Europeo, queda por ver ahora cuál será la respuesta del único eurodiputado con el que cuenta en el mismo el partido nacionalista catalán.
Si bien en comunicado oficial emitido por ALDE se afirma que esta decisión “no implica ninguna posición del Partido ALDE sobre asuntos políticos internos españoles”, el aviso a navegantes es evidente: no se puede ir contra la Ley. Porque defender el orden constitucional español es defender los principios y valores esenciales sobre los que descansa la construcción europea. Sin respeto al principio de legalidad, sin respeto al orden constitucional de los Estados Miembros, no hay nada que construir.
Resulta indiscutible la complicada situación procesal de CDC, partido con sus sedes embargadas judicialmente y varias condenas ya a sus espaldas, y por derivación del PDeCAT, partidos ambos imputados en julio de este año dentro del procedimiento instruido por presunta financiación irregular de Convergència Democrática de Catalunya (caso del 3%), por presuntos delitos de tráficos de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La sombra de la continuación jurídica o teoría de la simple transformación de siglas es alargada.
Mas no podemos reducir el acuerdo adoptado por ALDE a una simple estrategia de competidores electorales. Estamos ante un acto necesario de legítima defensa. Europa debe comenzar a defenderse de quienes buscan su ruptura y desintegración, la pérdida de su esencia y valores constituyentes. No estamos ante un castigo por una postura política, sino ante la respuesta conjunta a una mentira. En España no hay presos políticos, ni exiliados catalanes, sino políticos presos y políticos prófugos huyendo para no responder por sus actos ante la justicia española.
El proyecto europeo debe servir para avanzar juntos y ser más fuertes, nunca para destruir en nombre de un derecho a la autodeterminación no reconocido en la Constitución Europa ni en las Cartas Magnas de los Estados Miembros. Las aspiraciones nacionalistas no pueden estar nunca por encima de la construcción de un proyecto común europeo. ¿Acaso el periodo de paz más amplio que la Unión Europea nos ha garantizado ha hecho que olvidemos los riesgos que las derivas de los proyectos nacionalistas pueden ocasionar?
Una permisividad confundida con tolerancia ha causado que el enemigo, con cantos de sirena, entre. Ya es hora de defendernos del caballo de Troya.